noviembre 3, 2016

Derecho de réplica: entre la reputación y la libertad

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute recurso de inconstitucionalidad que presentó el PRD para oponerse al artículo 3 de la Ley Sobre Derecho de Réplica, que versa sobre la facultad que tienen las personas a recurrir a este derecho al sentirse agraviadas por una información publicada aun cuando sea verdadera. El proyecto del ministro Alerto Pérez Dayán tiende a darle la razón al PRD.

 

Este matiz de “aunque sea cierta” ha alarmado a algunos medios de comunicación, que ven en esa frase un abuso del legislador y un intento de censura al amenazar a los medios que no cumplan con el derecho de réplica con enfrentar juicios en tribunales.

 

Hasta ahora la ley dice en su artículo 3 “Toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta Ley y que le cause un agravio.” Con el nuevo proyecto esto se abre a aclaraciones sobre la publicación aun en casos de hechos ciertos y probados.

 

Convengamos que siempre existirá esa tensión entre libertad de expresión y libertad individual; entre lo que el medio considera cierto y las personas falso. Aun así hay que reconocer vicios en la forma en la que el derecho de réplica se aplica.

 

A ningún medio le gusta publicar desmentidos. Eso cuestiona su calidad y honestidad. Bajo este criterio, siempre apelarán a que lo publicado es cierto y por lo tanto, en los hechos, pocos pueden ejercer el derecho de réplica bajo la actual redacción de la norma.

 

Sin embargo, las réplicas a veces son necesarias: una fuente les falló, no encontraron un documento clave probatorio, lo escrito sólo son dichos, el reportero mal interpretó los números, no tienen la grabación para probar una declaración o no consultaron a la persona o empresa agraviada para pedirle su opinión antes de publicar una nota o reportaje.

 

Esto, en un momento en el que la generalización de los códigos de ética en las empresas periodísticas aún está en proceso, por lo que son ambiguos respecto a su compromiso con la precisión y para tomar medidas internas en los casos de reconocer y corregir errores.

 

La mayoría no cumple con los artículos 15 y 16 de la misma ley vigente que ordenan:

 

“Artículo 15. Tratándose de medios impresos, el escrito de réplica, rectificación o respuesta deberá publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página, con características similares a la información que la haya provocado y con la misma relevancia.

 

“Artículo 16. Cuando se trate de información transmitida a través de un prestador de servicios de radiodifusión o uno que preste servicios de televisión o audio restringidos, la rectificación o respuesta tendrá que difundirse en el mismo programa y horario y con características similares a la transmisión que la haya motivado.”

 

Las réplicas suelen ser editadas y arrojadas a una página de menor importancia. Las notas originales por lo general tienen gran despliegue. En este sentido no hay paridad ni cumplimiento de la ley.

 

Los géneros opinativos

 

Peor aún, tratándose de los géneros de opinión hay la creencia de que quien editorializa puede decir lo que quiera, así difame, porque a final de cuentas es su opinión personal y su libertad de expresión es irrestricta. Falso. Eso tiene límites, aun tratándose de columnistas, articulistas y editorialistas.

 

Ciertamente tienen mayor margen de libertad que quien redacta géneros informativos pero no impunidad para acusar sin pruebas ni para inventar. Pueden criticar, incluso insultar, por poco elegante que sea, pero no ensuciar con dichos falsos, aunque él subjetivamente los considere ciertos.

 

Nadie tiene derecho a ver su reputación empañada porque alguien en los medios engarza hechos ciertos con falsos, motivado por criterios ideológicos, partidarios o simplemente personales. Peor todavía, sólo por querer una nota “pegadora” que venda mucho.

 

Pasa en los medios y los periodistas lo saben. No todos los días, pero pasa.

 

Eso ha llevado a que en Europa, Estados Unidos y muy incipientemente en México se aplique el llamado Derecho al Olvido, que es una rama muy avanzada de la legislación que actúa sobre los medios cuando la reputación de personas o empresas se ha puesto en entredicho, aun cuando se cuente con pruebas en contrario y no se hayan hecho las aclaraciones pertinentes.

 

Los funcionarios públicos

 

Ahora bien, vale meter otro matiz: el de los funcionarios públicos, cuya labor es por naturaleza de amplio y obligado escrutinio social. Aquí la evaluación se vuelve más compleja, porque el espectro de análisis de la sociedad y los medios es mayor. Así debe seguir siendo.

 

Pululan los funcionarios con piel de cebolla que se la pasan enviando cartas a los medios a la menor provocación, blandiendo su derecho de réplica ante informaciones que no les gustan por críticas.

 

Cunden las anécdotas en las redacciones de los periódicos de funcionarios furibundos pidiendo las cabezas de reporteros y editores porque en lugar de publicar sus boletines propagandísticos sólo hacen notas contrarias a su dependencia.

 

Claro que en temas de gobierno y políticas públicas hay la posibilidad de confrontar y dirimir argumentos, pero no de apelar a ello para pedir coberturas a modo ni la protección de la ley como la tendría un particular, porque su cargo los compromete más socialmente y manejan recursos públicos.

 

Qué hacer

 

En suma, que el temor de los medios ante el proyecto del ministro Dayán es que se imaginan inundados de réplicas que ellos consideran inútiles, que tendrán la obligación de publicar a riesgo de ser sancionados. Que es una censura previa.

 

El hecho de que les digan que van a ir a un tribunal en caso de desacato se considera un atentado a la libre expresión de las ideas, cuando en realidad se trata del planteamiento de la aplicación justa de la ley, por sobre la que no puede estar ningún mexicano, incluidos los periodistas.

 

Ciertamente la libertad de expresión debe ser amplia e irrestricta; es uno de los pilares del régimen democrático. Lo que no puede ser es impune.

 

Del otro lado, la reglamentación debe prever abusos de quejosos y delimitar muy bien en qué casos procede la réplica y en cuáles no. Se entiende que una ley es genérica y no específica, pero se requieren criterios claros para evitar una lluvia de exigencias sin fundamento. Se ha de castigar la difamación, pero no la crítica; ésta, insistimos, no se puede tocar.

 

En tal caso, los ministros han de evaluar en su discusión del lunes 7 de noviembre que dos derechos aparentemente confrontados (el de libre expresión de las ideas y el del derecho al decoro y al honor personal) tienen que coexistir y que ninguno precede al otro.

 

Y que incluso, antes que modificar la ley, hay todavía mucho camino para aplicar con corrección la redacción vigente.

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